El día 14 de diciembre en el periódico.com/sociedad, aparece un artículo de Jordi Casabella, sobre los 10 interrogantes sobre el Plan de Bolonia:
En la recta final del proceso hacia el mercado común universitario, que ha de iniciar su andadura en el curso académico 2010-2011, grupos de estudiantes han prendido la mecha de la contestación. Sus razones, carentes en la mayor parte de los casos de apoyatura, han tenido la rara virtud de espolear un debate, aunque tardío, acerca del alcance de la reforma, sobre la que planean un cúmulo de interrogantes. A continuación se plantean algunos de los más destacados.
¿A efectos laborales valdrá menos el título universitario?
NO
La gran mayoría de los títulos de grado permitirán el acceso al ejercicio profesional, como ocurre ahora con las diplomaturas y las licenciaturas. Es más, a la hora de darles el preceptivo espaldarazo, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), reclama a las universidades que incluyan información sobre la tasa de inserción laboral de la carrera o los sectores económicos que demandan titulados de los estudios que se proponen para cerciorarse de su viabilidad en el mundo del empleo. Su homologación europea propiciará, además, la movilidad laboral.
¿Será necesario un posgrado para ser abogado o profesor?
SÍ
Es cierto que para ejercer como abogado o profesor de secundaria no bastará el grado, sino cursar un máster adicional, pero esa es una reforma, ajena a Bolonia, sobre la que hay un elevado nivel de consenso sobre su necesidad. Por un lado, España es el único país de Europa donde un recién titulado en Derecho puede ejercer la abogacía inscribiéndose en el correspondiente colegio profesional. Por otro, la baja calidad de la formación didáctica de los licenciados que tras, superar el curso de adaptación pedagógica, acceden a un empleo en la enseñanza secundaria clama al cielo.
¿Va a dispararse el coste de la matrícula universitaria?
NO
Adaptarse al espacio universitario europeo no lleva aparejado un aumento de las tasas. Otra cosa es que, ante la perspectiva de que las universidades públicas tienen unas necesidades de financiación no resueltas y la evidencia de que el estudiante solo sufraga, de promedio, el 15% del coste de la carrera, hayan comenzado a oírse voces acerca de la necesidad de incrementar esa aportación. En cualquier caso, quienes piensan así dan por sentado que ello es inviable si, previamente, no hay una mejora sustancial de las becas.
¿Sustituirán los préstamos a las becas a fondo perdido?
NO
La iniciativa puesta en pie en la anterior legislatura por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, que entonces concentraba las competencias universitarias, de crear un programa de préstamos retornables en condiciones ventajosas, a imagen y semejanza de otros países europeos, va dirigida a los estudiantes de másteres, o sea a los que optan por un curso especializado y se hallan próximos a ingresar en el mercado laboral. Para los títulos de grado, el sistema de ayudas sigue basándose en las becas a fondo perdido.
¿Habrá una oferta potente de másteres a precios públicos?
SÍ
Una abundante oferta de títulos de máster, que podrán cursarse tras obtener el título de grado y abrirán el camino a la especialización laboral, se ofertarán a precios públicos, o sea subvencionados. La matrícula será más cara que en el grado (en ocasiones se multiplicará por tres), pero hasta ahora todos los títulos de posgrado que se impartían en la universidad pública eran a precios privados, que son sensiblemente superiores. En la universidad privada, los títulos oficiales de máster tendrán un coste mucho más elevado.
¿Va a ser posible compaginar el estudio con un trabajo?
SÍ
Los cambios que se quieren introducir en el sistema de aprendizaje podrán el acento en la presencialidad no solo en el aula, sino también en seminarios y tutorías, complementada con una mayor dosis de trabajo en grupo. La evaluación continua ganará terreno en detrimento de los exámenes a los que ahora es posible presentarse sin ir a clase. Quienes trabajen lo tendrán más difícil, pero no imposible si se adoptan medidas como la confección de horarios flexibles, de mañana y tarde, y el profesorado de un mismo curso se coordina para evitar una sobrecarga de tareas.
¿Afectarán los cambios a la calidad de las carreras?
NO
Hay quien sostiene que la formación que va a impartirse va a ser más superficial, que tendrá un carácter más instrumental, y que relegar las clases magistrales a un segundo plano no augura nada bueno. Nada de eso está escrito. Los partidarios de la reforma argumentan que hasta ahora el profesor se limitaba a enseñar y que la responsabilidad de asimilar los conocimientos recaía en exclusiva sobre el alumno. Ahora el profesorado tendrá que preocuparse en mayor medida de los resultados del aprendizaje. Y ello va a exigir que se preste más atención a la calidad formativa.
¿Se adueñarán las empresas de la universidad pública?
NO
Los detractores del proceso de Bolonia afirman, de forma recurrente, que se quiere privatizar la universidad pública, poniéndola al servicio de los intereses empresariales. Se trata de una aseveración gratuita, que solo se explica por las prevenciones que suscitan las proclamas que abogan por reducir el abismo que separa al mundo empresarial del universitario. Puede que haya profesores dispuestos a festejar que una empresa se interese por su departamento, pero sus deseos, hoy por hoy, son inalcanzables.
¿Se han hecho los cambios sin los profesores ni los alumnos?
NO
Ha faltado transparencia en algunos tramos del proceso, pero los planes de estudios de las carreras adaptadas al espacio europeo de educación superior se han hecho, al menos, con la participación del profesorado de los distintos departamentos, que en ocasiones se han enzarzado en auténticas disputas para defender sus intereses, eso cuando los representantes de los estudiantes no han tenido oportunidad de manifestar su opinión. La desmovilización estudiantil ha jugado en contra de los intereses del alumnado.
¿Ha faltado información sobre el alcance de la reforma?
SÍ
Los retrasos y vacilaciones en la aplicación del compromiso que se firmó en 1999 en Bolonia han lastrado su puesta en marcha. Nunca se ha explicado con claridad porque se ha apostado por una estructura de títulos de grado de cuatro años de duración teórica cuando en la gran mayoría de los países las carreras de grado son de tres y se trata de promover la movilidad de estudiantes. La revuelta estudiantil de las últimas semanas ha tenido una única virtud: la de provocar la autocrítica sobre la conducción del proceso.
En la recta final del proceso hacia el mercado común universitario, que ha de iniciar su andadura en el curso académico 2010-2011, grupos de estudiantes han prendido la mecha de la contestación. Sus razones, carentes en la mayor parte de los casos de apoyatura, han tenido la rara virtud de espolear un debate, aunque tardío, acerca del alcance de la reforma, sobre la que planean un cúmulo de interrogantes. A continuación se plantean algunos de los más destacados.
¿A efectos laborales valdrá menos el título universitario?
NO
La gran mayoría de los títulos de grado permitirán el acceso al ejercicio profesional, como ocurre ahora con las diplomaturas y las licenciaturas. Es más, a la hora de darles el preceptivo espaldarazo, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), reclama a las universidades que incluyan información sobre la tasa de inserción laboral de la carrera o los sectores económicos que demandan titulados de los estudios que se proponen para cerciorarse de su viabilidad en el mundo del empleo. Su homologación europea propiciará, además, la movilidad laboral.
¿Será necesario un posgrado para ser abogado o profesor?
SÍ
Es cierto que para ejercer como abogado o profesor de secundaria no bastará el grado, sino cursar un máster adicional, pero esa es una reforma, ajena a Bolonia, sobre la que hay un elevado nivel de consenso sobre su necesidad. Por un lado, España es el único país de Europa donde un recién titulado en Derecho puede ejercer la abogacía inscribiéndose en el correspondiente colegio profesional. Por otro, la baja calidad de la formación didáctica de los licenciados que tras, superar el curso de adaptación pedagógica, acceden a un empleo en la enseñanza secundaria clama al cielo.
¿Va a dispararse el coste de la matrícula universitaria?
NO
Adaptarse al espacio universitario europeo no lleva aparejado un aumento de las tasas. Otra cosa es que, ante la perspectiva de que las universidades públicas tienen unas necesidades de financiación no resueltas y la evidencia de que el estudiante solo sufraga, de promedio, el 15% del coste de la carrera, hayan comenzado a oírse voces acerca de la necesidad de incrementar esa aportación. En cualquier caso, quienes piensan así dan por sentado que ello es inviable si, previamente, no hay una mejora sustancial de las becas.
¿Sustituirán los préstamos a las becas a fondo perdido?
NO
La iniciativa puesta en pie en la anterior legislatura por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, que entonces concentraba las competencias universitarias, de crear un programa de préstamos retornables en condiciones ventajosas, a imagen y semejanza de otros países europeos, va dirigida a los estudiantes de másteres, o sea a los que optan por un curso especializado y se hallan próximos a ingresar en el mercado laboral. Para los títulos de grado, el sistema de ayudas sigue basándose en las becas a fondo perdido.
¿Habrá una oferta potente de másteres a precios públicos?
SÍ
Una abundante oferta de títulos de máster, que podrán cursarse tras obtener el título de grado y abrirán el camino a la especialización laboral, se ofertarán a precios públicos, o sea subvencionados. La matrícula será más cara que en el grado (en ocasiones se multiplicará por tres), pero hasta ahora todos los títulos de posgrado que se impartían en la universidad pública eran a precios privados, que son sensiblemente superiores. En la universidad privada, los títulos oficiales de máster tendrán un coste mucho más elevado.
¿Va a ser posible compaginar el estudio con un trabajo?
SÍ
Los cambios que se quieren introducir en el sistema de aprendizaje podrán el acento en la presencialidad no solo en el aula, sino también en seminarios y tutorías, complementada con una mayor dosis de trabajo en grupo. La evaluación continua ganará terreno en detrimento de los exámenes a los que ahora es posible presentarse sin ir a clase. Quienes trabajen lo tendrán más difícil, pero no imposible si se adoptan medidas como la confección de horarios flexibles, de mañana y tarde, y el profesorado de un mismo curso se coordina para evitar una sobrecarga de tareas.
¿Afectarán los cambios a la calidad de las carreras?
NO
Hay quien sostiene que la formación que va a impartirse va a ser más superficial, que tendrá un carácter más instrumental, y que relegar las clases magistrales a un segundo plano no augura nada bueno. Nada de eso está escrito. Los partidarios de la reforma argumentan que hasta ahora el profesor se limitaba a enseñar y que la responsabilidad de asimilar los conocimientos recaía en exclusiva sobre el alumno. Ahora el profesorado tendrá que preocuparse en mayor medida de los resultados del aprendizaje. Y ello va a exigir que se preste más atención a la calidad formativa.
¿Se adueñarán las empresas de la universidad pública?
NO
Los detractores del proceso de Bolonia afirman, de forma recurrente, que se quiere privatizar la universidad pública, poniéndola al servicio de los intereses empresariales. Se trata de una aseveración gratuita, que solo se explica por las prevenciones que suscitan las proclamas que abogan por reducir el abismo que separa al mundo empresarial del universitario. Puede que haya profesores dispuestos a festejar que una empresa se interese por su departamento, pero sus deseos, hoy por hoy, son inalcanzables.
¿Se han hecho los cambios sin los profesores ni los alumnos?
NO
Ha faltado transparencia en algunos tramos del proceso, pero los planes de estudios de las carreras adaptadas al espacio europeo de educación superior se han hecho, al menos, con la participación del profesorado de los distintos departamentos, que en ocasiones se han enzarzado en auténticas disputas para defender sus intereses, eso cuando los representantes de los estudiantes no han tenido oportunidad de manifestar su opinión. La desmovilización estudiantil ha jugado en contra de los intereses del alumnado.
¿Ha faltado información sobre el alcance de la reforma?
SÍ
Los retrasos y vacilaciones en la aplicación del compromiso que se firmó en 1999 en Bolonia han lastrado su puesta en marcha. Nunca se ha explicado con claridad porque se ha apostado por una estructura de títulos de grado de cuatro años de duración teórica cuando en la gran mayoría de los países las carreras de grado son de tres y se trata de promover la movilidad de estudiantes. La revuelta estudiantil de las últimas semanas ha tenido una única virtud: la de provocar la autocrítica sobre la conducción del proceso.
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